Tras ser procesado por la Justicia Federal en la causa Seguros, acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, el expresidente Alberto Fernández publicó un descargo en sus redes sociales, donde denunció ser víctima de una persecución política “por ser peronista”. “Ayer la (in)Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el ‘riesgo’ de nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”, expresó Alberto Fernández en un posteo publicado en su cuenta de X. La declaración llegó luego de que el juez federal Sebastián Casanello lo procesara este jueves por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en el marco de la causa conocida como “Seguros”. Además, le impuso un embargo por $14.634.220.283. La acusación se basa en el decreto 823/21, firmado por el expresidente, que estableció la obligatoriedad de que todos los ministerios y organismos estatales contrataran seguros a través de Nación Seguros. También se cuestiona la designación de María Cantero, esposa de un productor vinculado al sector, como su secretaria privada. Según el fallo judicial, existen “fuertes sospechas” de que Fernández montó desde la Presidencia una estructura que funcionó como “asiento de los negocios del grupo empresarial del cual él mismo había participado”. De acuerdo al juez, la evidencia recolectada mostró que la relación entre Fernández, Cantero y Martínez Sosa “excedía una mera amistad o vínculo laboral”, con pruebas que incluyen intercambios por WhatsApp, llamadas, visitas a Olivos, entrega de regalos, favores personales y movimientos de dinero. Los números son contundentes: entre 2019 y 2023, Martínez Sosa y su entorno cobraron más de $2.297 millones, casi el 60% del total de comisiones pagadas por seguros estatales. La firma tuvo contratos con 19 organismos públicos, entre ellos la Corte Suprema, Vialidad Nacional, cuatro ministerios y el Fondo Nacional de las Artes. Solo en 2024, las comisiones alcanzaron los $416 millones. La defensa del expresidente   En su comunicado, Fernández sostuvo que el juez “fuerza la interpretación de pruebas” y lo mantiene “arbitrariamente ligado al proceso” con el fin de complacer a ciertos medios de comunicación. “Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir justicia y deje de perseguirme por ser peronista”, escribió. Su equipo legal, encabezado por la abogada Mariana Barbitta, presentó un comunicado en el que aseguró que Fernández no fue indagado por esta imputación específica, y anticiparon que apelarán el fallo. Alegan que el procesamiento es “arbitrario, prematuro e infundado”, y que se dictó sin producir pruebas clave, como el análisis de especialistas en materia de seguros. “El magistrado ya tenía tomada su decisión antes de escuchar personalmente al Dr. Fernández. El fallo se basa en presunciones sin relación con conductas delictivas y vulnera principios como el de culpabilidad, proporcionalidad y el derecho de defensa”, afirmaron desde la defensa.