Tal como se anticipó, el gobernador Marcelo Orrego envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular el juego online. Según el mensaje del mandatario, el objetivo de la iniciativa es “fortalecer el juego sano y responsable, ya que resulta imposible la supresión total del juego en línea”. Además, busca que se genere un control “morigerando los malos hábitos que el juego compulsivo y problemático pudieran producir” en la población, pero, por sobre todo, “en niños y adolescentes”. Si bien el proyecto cuenta con casi 40 artículos, hay seis que son clave para que el Ejecutivo tenga un control sobre el juego online y así facultar al Ministerio Público Fiscal para intervenir sobre los sitios ilegales, los que podrán serán denunciados. Entre los puntos centrales figuran: la creación de un registro de personas y empresas habilitadas, el que será público; que las mismas deberán contar con un domicilio en la provincia y acreditar solvencia. Además, habrá personas que estarán excluidas, como aquellas que tienen deudas con la provincia y municipios, mientras que las publicidades tendrán su particularidad con leyendas alusivas al juego compulsivo. Por otro lado, los jugadores deberán tener una cuenta en las páginas en las que jueguen y, aquellos que sean beneficiados de planes sociales, no podrán utilizar esas cuentas bancarias para generar crédito de juego.  El proyecto tomó estado parlamentario, por lo que fue girado a comisión, lo que implica que recién ahora será analizado por los legisladores. Según confirmó el vicegobernador, Fabián Martín, la propuesta del Ejecutivo no es la única que existe, ya que también había una formulada por el espacio de Cambia San Juan, a través del diputado Carlos Jaime, y otra que también fue presentada ayer por el legislador del Frente Renovador, Franco Aranda. Las tres serán tratadas en conjunto “para sacar la mejor ley posible”, indicó Martín al momento que estimó que el proyecto tenga sanción en agosto “a más tardar en la sesión prevista para el 22”. El punto central de la iniciativa del gobernador es regular el juego online, esto es, otorgar a la Caja de Acción Social (CAS) el control, lo que permitirá que aquellos que no tengan la habilitación oficial no podrán operar en la provincia y podrán ser denunciadas ante la Justicia. Así, y tal cual lo establece el Código Penal, a aquellos dueños de plataformas ilegales se les podrá imputar un delito que conlleva una pena que va de los 3 a los 6 años de prisión. Son seis las claves del proyecto del oficialismo para regular el juego online. El primer punto de la iniciativa es “crear un registro de títulos habilitantes de juego en línea, el cual tendrá carácter público y accesible, dependiente de la CAS”. Dicho registro deberá contener la información de las personas o empresas que posean las licencias y también de aquellas que operan en otras provincias pero que tienen convenio con la CAS. El segundo ítem clave es que aquellos que busquen tener una habilitación local, deberán tener domicilio en la provincia, tener registro en los organismos impositivos locales, “acreditar solvencia técnica, económica y financiera y antecedentes en la actividad del juego” y, si es una empresa, que la misma tenga como objeto social “la actividad del juego de azar”. Por otro lado, todos aquellos que tengan deudas con el Estado Nacional, provincial o municipal no podrán ser titulares de las habilitaciones, como tampoco todas las personas que hayan sido condenadas “dentro de los dos años anteriores a la fecha de solicitud de la habilitación”, entre otras exclusiones. Mientras que, además, deberán presentar una garantía la que tendrá por finalidad “asegurar un nivel de fiabilidad que debe tener un centro de cómputos de acuerdo a las características del juego en línea”. La publicidad del juego es uno de los puntos en los que la administración orreguista ha hecho foto, ya que, aquellos que estén habilitados, no podrá promocionar sus plataformas sin previa autorización de la CAS. Además, la misma siempre deberá contener la leyenda “el jugar compulsivamente es perjudicial para la salud” y proporcionar “información clara sobre los requisitos de edad mínima para jugar”, ya que solo los adultos estarán habilitados. Incluso, los avisos no podrán ser “particularmente atractivos para los menores de edad”, según dice el proyecto. Para poder jugar online, los jugadores deberán “crear una cuenta a través del portal digital habilitado a tal efecto, mediante la cual se debitará o acreditará las sumas apostadas o ganadas así como todo otro costo o gasto debidamente autorizado” y dicha apertura de cuenta deberá ser gratuita. Por otro lado, se apunta a que esté prohibido que terceros lo usen para realizar apuestas. Entre los datos necesarios para generar una cuenta figuran “nombre y apellido, el tipo y número de documento de identidad, edad, domicilio, correo electrónico y cualquier otra información que se establezca en la reglamentación”. Por último, y no menor, se prohibirán “las transferencias de fondos o tarjetas de débito de cajas de ahorros destinadas al pago de planes o programas de ayuda social, y/o de cuentas abiertas a solicitud de la ANSES o del ente administrador de los pagos que corresponda, para la acreditación de prestaciones de ayuda social provenientes de programas, entidades o servicios de la Nación, de esta u otras jurisdicciones”.