Este miércoles, la Cámara de Diputados volverá a ser escenario de una sesión clave, en la que la oposición intentará avanzar con proyectos de fuerte impacto fiscal, centrados en el sistema previsional. La estrategia apunta a poner en agenda demandas sociales urgentes y, al mismo tiempo, presionar al Gobierno de Javier Milei, que ya anticipó su rechazo a cualquier medida que implique mayor gasto público. En la sesión se debatirán iniciativas que incluyen: La extensión por dos años de la moratoria previsional, La creación de un régimen proporcional que contemple aportes parciales para quienes no llegan a los 30 años requeridos, Un aumento generalizado del 7,2% para todas las jubilaciones, La elevación del bono previsional de $70.000 a más de $100.000, con actualización por inflación. De todas estas propuestas, solo la moratoria previsional cuenta únicamente con el respaldo de Unión por la Patria y la Izquierda, por lo que su aprobación es poco probable. El resto de los proyectos cuenta con apoyos transversales y tiene chances reales de prosperar en la Cámara baja. Si luego son ratificados en el Senado, pondrán al Gobierno en una posición incómoda: vetar medidas populares o convalidar un gasto extra que choca con su política de ajuste. El año pasado, Milei vetó con éxito dos leyes que reunieron amplio consenso: una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y un aumento en el presupuesto universitario. En aquel momento, logró alinear al PRO, a los gobernadores y fracturar a la UCR. Pero este año el escenario es más inestable y el bloque oficialista podría no contar con los mismos respaldos. Además, a diferencia de la semana pasada, esta vez la oposición decidió dejar fuera del temario la elección de autoridades de la Auditoría General de la Nación, un punto que había generado divisiones internas y frustrado el quórum. El foco estará 100% en las jubilaciones, con el objetivo de garantizar los votos necesarios para forzar el debate. En paralelo, se espera que la semana próxima se trate el proyecto para aumentar el presupuesto universitario, una demanda que mantiene activa la presión de la comunidad educativa tras la histórica marcha federal de abril. Desde la Casa Rosada reiteran que no acompañarán iniciativas que impliquen mayores erogaciones, y se preparan para utilizar nuevamente el poder de veto presidencial si las leyes avanzan. Sin embargo, en la oposición confían en que el oficialismo enfrentará más dificultades para sostener una defensa cerrada, especialmente cuando el malestar social se expresa cada vez con mayor intensidad en las calles y en las encuestas.